¿Dónde está prohibido instalar placas solares?
La normativa propuesta por el Ministerio de Agricultura, encabezado por Luis Planas, establece que no se permitirán instalaciones de generación de energías renovables, incluidas las fotovoltaicas y eólicas, en terrenos rústicos que hayan sido desarrollados como zonas de regadío de interés general del Estado con inversiones públicas. Esta prohibición se mantendría durante cincuenta años tras la entrega o puesta en explotación de las infraestructuras. Además, tampoco se autorizarán en áreas declaradas de interés general donde no se hayan realizado inversiones, pero estén previstas en un Plan General de Transformación.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha manifestado una oposición frontal a esta regulación, advirtiendo de su inapropiación y proponiendo que la Administración analice cada proyecto de manera individual. En un comunicado, UNEF resalta que una generalización normativa podría comprometer la transición energética y todas sus oportunidades: creación de empleo, reindustrialización, atracción de nuevo tejido empresarial y protección contra la emergencia climática. La asociación también recuerda que en España el despliegue solar sigue una reglamentación ambiental exhaustiva.
UNEF señala además que la propuesta normativa afecta la libertad de elección de los agricultores sobre el uso de sus propiedades y que, en muchos casos, la sustitución de proyectos intensivos en regadío por energía solar podría aliviar la presión sobre recursos hídricos en áreas como Doñana o el Mar Menor. La mayoría de los proyectos actuales se desarrollan en zonas de secano, lo que demuestra la complementariedad entre ambas actividades.
Rafael Benjumea, presidente de UNEF, afirma que el sector fotovoltaico rechaza completamente esta normativa, considerada anti-renovable. Benjumea subraya la importancia de un proceso de Declaración de Impacto Ambiental riguroso y adaptado a cada proyecto, involucrando a todos los actores para garantizar la biodiversidad y el bienestar ciudadano.
UNEF también considera esta regulación incompatible con la petición de la Comisión Europea en su Comunicación REPowerEU, que insta a acelerar la transición hacia energías limpias. Además, recuerda que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima impone que el 42% del uso final de energía en España provenga de fuentes renovables antes de 2030, y que esta prohibición comprometería seriamente estos objetivos.
En cuanto a la Estrategia de Energía Solar de la UE, UNEF destaca los esfuerzos para integrar la tecnología fotovoltaica en sectores sensibles como el agrícola. La bioagravoltaica, que combina el uso agrícola con la energía solar, mejorando la productividad, ingresos y eficiencia del agua, se vería profundamente afectada si la normativa se aprueba.
Rafael Benjumea subraya que la sustitución de regadíos intensivos por proyectos solares podría beneficiar áreas con alta presión hídrica y destaca las oportunidades que estos proyectos generan en términos de empleo y reindustrialización. Una revisión de la normativa es esencial para frenar la emergencia climática.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) es la asociación sectorial de la energía solar fotovoltaica en España. Representa a más del 90% de la actividad del sector y agrupa a más de 770 empresas de toda la cadena de valor. UNEF preside y co-secretaría FotoPlat, la plataforma tecnológica fotovoltaica española.
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Casos en los que no es legal poner placas solares
La instalación de placas solares en nuestro tejado está totalmente permitida, siempre y cuando todo cumpla con la normativa vigente y se haya seguido el procedimiento adecuado. No hay ninguna legislación estatal que lo impida ni que imponga multas por ello. La tendencia actual en el ámbito de la energía solar —a nivel nacional e internacional— favorece el uso de esta tecnología. Esto se refleja en las recientes modificaciones de la Ley de Cambio Climático y en la eliminación del Impuesto al Sol mediante el Real Decreto Ley 15/2018.
Sin embargo, hay situaciones específicas en las que no se permite la instalación de placas solares debido a normativas locales. Un ejemplo claro es cuando una zona ha sido declarada de interés turístico; en estos casos, las placas solares no se pueden instalar porque afectarían la estética y la imagen del lugar. Otra razón evidente es si la instalación representa un peligro para la seguridad de los transeúntes, como ocurre si el tejado está en riesgo de derrumbe.
Estos casos también son relevantes para responder a la pregunta sobre la legalidad de tener una instalación solar autónoma. Es fundamental prestar atención a estos factores antes de proceder.
¿Son legales las placas solares?
La respuesta es sí: las placas solares son completamente legales, así como su instalación en el hogar. Sin embargo, es necesario cumplir con ciertos requisitos en cada situación. Para llevar a cabo la instalación de placas solares en una vivienda, primero se deben solicitar los permisos necesarios y verificar que la casa cumple con los requisitos mínimos para contar con una instalación de autoconsumo adecuado.
¿Es legal instalar placas solares en un edificio comunitario?
Las placas solares en las comunidades de vecinos son legales. Esto está estipulado en la Ley de Propiedad Horizontal, aunque no se pueden instalar en todos los casos. Según el art. 17.1 de dicha ley, cualquier propietario tiene el derecho de solicitar la instalación de placas solares en la comunidad. Sin embargo, su aprobación requiere la realización de una junta de propietarios y el apoyo de un tercio de los miembros. Esta medida se aprobó en los últimos años gracias a las iniciativas y modificaciones a favor de la energía verde reflejada en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
¿Es legal tener una instalación solar autónoma?
A diferencia de lo que sucede en una comunidad de vecinos, no es necesario obtener la aprobación de 1/3 de los propietarios para una instalación solar autónoma en tu vivienda particular. Además, la cantidad de potencia requerida es menor, lo que implica una menor ocupación del espacio y simplifica la realización del estudio de viabilidad.
La respuesta a si las placas solares son legales en una instalación autónoma es sí, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, es necesario cumplir con los requisitos y especificaciones pertinentes. Si estos pasos no se siguen, el propietario se arriesga a ser sancionado por las autoridades competentes por infringir la ley.
Normativa que rige las placas solares, el Real Decreto 2019
El Real Decreto 244/2019, que emana del Decreto 15/2018, traza las directrices administrativas, técnicas y económicas para avanzar en la transición energética y proteger a quienes han optado por el autoconsumo fotovoltaico. Este nuevo marco normativo introduce cambios sustanciales en la instalación de las placas solares, incluyendo:
- Simplificación de trámites: Los procedimientos administrativos y técnicos se agilizan considerablemente, especialmente para instalaciones de menor potencia, allanando el camino para los interesados en el autoconsumo.
- Derecho al autoconsumo colectivo: Se formaliza el derecho a participar en el autoconsumo colectivo, incentivando a los usuarios a colaborar para optimizar el uso de la energía solar.
- Fin del límite de potencia: Se suprime la restricción anterior que limitaba la potencia fotovoltaica a ser igual o inferior a la contratada, permitiendo mayor flexibilidad en la capacidad instalada bajo el RD 244/2019.
- Eliminación del impuesto al sol: La energía generada por las instalaciones de autoconsumo queda libre de impuestos, aboliendo definitivamente el conocido impuesto al sol.
- Alquiler de espacios para producción energética: Se autoriza el arrendamiento de tejados y cubiertas para que terceros puedan generar electricidad, aumentando las oportunidades de acceso a la generación solar.
Estos importantes cambios buscan eliminar barreras previas y crear un entorno más favorable para el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico, impulsando un aprovechamiento más sostenible de la energía solar.
¿Qué era el impuesto al sol?
Comúnmente conocido como el «impuesto al sol«, este término se refería a un cargo impuesto a aquellos que generaban su propia electricidad mediante paneles solares en España. Oficialmente denominado como «peaje de respaldo», este impuesto fue instaurado por el Real Decreto 900/2015, promulgado el 9 de octubre de 2015 durante el mandato del ministro José Manuel Soria López. La ley estipulaba específicamente las normas técnicas, administrativas y económicas para los sistemas de autoconsumo de energía.
A pesar de ser ampliamente criticado y considerado contraproducente, el impuesto no afectaba a todos por igual. Quedaban exentos del mismo las instalaciones de cogeneración, los sistemas de frenado de trenes, las situadas en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, así como las instalaciones de potencia inferior a 10 kW en baja tensión y aquellas de autoconsumo fotovoltaico no conectadas a la red.
Este peaje obligaba a los propietarios de paneles solares a pagar por la electricidad que generaban para su propio uso, lo que provocó un intenso debate sobre su justicia y eficacia.
¿Eran ilegales las placas solares en España antes del RD 2019?
Antes de la aprobación del Real Decreto 900/2015, no existían regulaciones claras respecto al autoconsumo solar en España, lo que llevó a una zona gris en términos de legalidad. Este decreto estableció un marco que requería la regularización de todas las instalaciones existentes antes de su promulgación, con un plazo hasta el 11 de abril de 2016 para su adecuación.
Aunque el número exacto de instalaciones de autoconsumo en España es desconocido, se estima que existían aproximadamente 40 MW de potencia instalada, con un promedio de 5 kW por instalación. Contrario a las directrices de la Unión Europea que promueven la participación ciudadana en la transición energética, el decreto limitaba la capacidad de los pequeños productores de energía para desarrollar nuevos proyectos.
¿Qué consecuencias puede haber por no cumplir la ley?
Posterior al 11 de abril de 2016, las instalaciones de autoconsumo que no se registraron y, por lo tanto, no se adecuaron a la normativa vigente, podrían considerarse ilegales. Sin embargo, existía la posibilidad de legalizar instalaciones fotovoltaicas aisladas posteriormente.
Las multas por operar sistemas de autoconsumo no registrados podían ser exorbitantes, alcanzando entre 6 y 60 millones de euros. Además, instalar paneles solares sin la asesoría adecuada y los permisos necesarios podía resultar en sanciones económicas adicionales de entre 300 y 6,000 euros, dependiendo del municipio.
Además de las sanciones económicas, la instalación inadecuada de sistemas eléctricos representa un riesgo significativo para la seguridad de los edificios y sus ocupantes, haciendo crucial la contratación de profesionales calificados para su instalación.
¿Es posible instalar paneles solares en techos de uralita?
La instalación de paneles solares en tejados de uralita está estrictamente prohibida tanto por la legislación española como por la europea, debido a los riesgos para la salud asociados con el asbesto, material presente en la uralita. El asbesto puede liberar fibras nocivas al aire durante su manipulación, que son potencialmente cancerígenas.
Las enfermedades relacionadas con la exposición al asbesto incluyen el mesotelioma, un tipo de cáncer que afecta las membranas del pulmón y otras cavidades corporales, y la asbestosis, que causa fibrosis pulmonar.
A pesar de la prohibición de la uralita desde 2002 en España, los edificios construidos antes de esta fecha con materiales que contienen asbesto aún pueden presentar riesgos si no se manejan adecuadamente. La eliminación de asbesto debe realizarse por empresas especializadas que cumplan con todas las regulaciones para minimizar la liberación de fibras de asbesto durante la remoción.
En resumen, la ley española y la política de la Unión Europea ofrecen subvenciones para aquellos que reemplazan techos de uralita con alternativas más seguras, promoviendo así la instalación de sistemas de energía renovable como los paneles solares. Esto no solo contribuye a la eliminación de materiales peligrosos, sino que también fomenta la producción de energía sostenible, lo que puede ofrecer ventajas económicas y medioambientales significativas.
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